Jueves, 30 de enero de 2014


La dependencia del Estado de la jerarquía eclesiástica que tenemos en nuestro país ha hecho que aunque hemos avanzado como sociedad civil, lo hayamos hecho más lentamente que en otros países de nuestro entorno, con excepciones, precisamente por lo mismo, como es el caso de Polonia o Irlanda.

Así, la España de 1932 ya contaba con una Ley de Divorcio tan avanzada como para basarse en la disposición de la Constitución de 1931, artículo 43 que establecía: “La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para uno y otro sexo, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges con alegación en este caso de justa causa” y derogaba la que hasta entonces había regido, el Código Civil de 1885 que en lo relativo al matrimonio y el divorcio establecía que “El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges”. Así de claro y contundente. Con la llegada de la dictadura el divorcio dio un paso atrás, como sabemos y queda vetado por la influencia de la Iglesia nuevamente.

Tenemos que llegar a 1977 cuando empieza a plantearse divorcio sí o no. Es indudable que la sociedad civil lo demandaba y hasta los católicos buscaban subterfugios para librarse del matrimonio no deseado a través de la anulación eclesiástica, lo que reportaba pingües beneficios a la Iglesia. Así, se firmaba ante Notario cláusula de “incredulidad sobre el sacramento matrimonial” o certificado de impotencia, muchas veces falsos y expedidos por médicos amigos y, en muchos casos separación de bienes. En este año se estimaba en 500.000 matrimonios divorciados “por su cuenta” para evitar males mayores. En otros se soportaban vejaciones y hastíos insoportables. Este primer proyecto de Ley cuidaba los detalles y exigía muchas condiciones previas y cautelas.

En 1981 la Conferencia Episcopal arremete: “Consideramos que es absolutamente inaceptable el llamado divorcio consensual. Una ley que introdujese el divorcio de tal manera que la pervivencia del vínculo quedase a disposición de los cónyuges sería rechazable moralmente y no podría ser aceptada por ningún católico ni gobernante ni gobernado”

En abril de 1981 se aprueba por fin la Ley con importantes tensiones entre las tendencias de UCD,  partido en el gobierno. Francisco
Fernández Ordóñez aplaudía la aprobación por 122 votos a favor, 23 en contra y ¡117 abstenciones!, y eso que le costó el veto del Cardenal primado de Toledo Marcelo González para presidir la procesión del Corpus Christi, mientras que Miguel Herrero de Miñón presentaba su cara más seria, según la prensa del momento.

A partir de aquí, otras leyes han ido completando con modificaciones esta Ley que no volvió atrás.

En 2004 se presenta la modificación de supresión de la separación previa al divorcio.

De nuevo la Iglesia contraataca. La prensa recoge las palabras del Secretario de la Conferencia episcopal al respecto de las leyes que propone el Gobierno y que son contestadas por los grupos más conservadores: “El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, consideró ayer que los católicos "son libres" de manifestarse contra la política del Gobierno. Aseguró que la Iglesia española va a llevar "a pie de calle" la visión cristiana sobre cuestiones como la eutanasia, el matrimonio de personas del mismo sexo o los cambios en las leyes de divorcio y aborto, pero rechazó que eso suponga alentar las movilizaciones.”

Diez años después nos volvemos a encontrar con la mano de la Iglesia que, a pesar de "no querer influir en asuntos civiles", lo hace. En este caso con la Ley del Aborto. El Ministro de Justicia se lanza a un pozo sin fondo por lo que supone de paso atrás y disonancia con el avance de los derechos civiles en Europa y la mayoría de países del mundo civilizado. A falta del debate en el Parlamento, movimientos feministas, políticos de oposición, pero también en el propio partido del Gobierno apoyan abiertamente la Ley de plazos actual, contra la marcha atrás de la de supuestos del Gobierno, que no sólo retrotrae e la de 1985 sino que la supera.

Estos días se habla de las encuestas de opinión: “Menos de un tercio de votantes del PP es partidario de cambiar la Ley del Aborto” que además contaba con un amplio consenso, tan extraño en nuestros políticos. Por supuesto que en el caso del partido de la oposición y otros el porcentaje  aumenta significativamente, y en los grupos de edad nos encontramos con datos inequívocos. Ya entre los mayores de 65 años están a favor de no modificar la Ley un 52,9% y entre los jóvenes de 18 a 29 crece a un abrumador 84,3%. Así que el Gobierno está seguramente manejando datos erróneos cuando nos quiere introducir en la máquina del tiempo y trasladarnos a los 80. ¿Está tomando café el sr. Ministro de Justicia con Mariano José de Larra? ¿Estamos realmente en el siglo XXI?.El Director del Sistema Nacional de Trasplantes Rafael Matesanz decía en una entrevista radiofónica el otro día al responder a la pregunta del entrevistador sobre su opinión de la Ley del Aborto: “No tengo nada que decir como director de trasplantes, ni como científico. Sí digo como persona que me parece completamente anacrónico”

Incluso entre el clero se oyen voces disonantes. Hoy mismo ha saltado a los medios que la monja de clausura Lucía Claram dice en su cuenta de twiter "La Iglesia no debe meterse en la decisión de una mujer de abortar"

Estoy convencido de que la sociedad deberá seguir su camino de progreso y que, de retroceder en este tema, será otro retraso más que se superará en su día. Sólamente desear que el tiempo de espera no sea tan prolongado como el que hubo entre la Ley del divorcio del 32 a la del 77.


Publicado por minglanillaweb @ 21:32
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