Domingo, 15 de marzo de 2015

Felipe González, expresidente del Gobierno por el PSOE en una entrevista concedida al diario digital El País con la entradilla de “Felipe González : es un error excluir a todos los imputados de las listas” ha hablado y se ha manifestado por la, a su juicio, injusta situación que soportan ciertos candidatos políticos en el momento de ser imputados por alguna causa.

En opinión del entrevistado es una injusticia que sería necesario modificar de inmediato para evitar que “sean los jueces los encargados de elaborar las listas en los procesos electorales”.

Un imputado, según este planteamiento en un presunto caso delictivo, por el mero hecho de estarlo está ya siendo excluido de una lista electoral independientemente del resultado en que pueda derivar esta imputación.

Pero en realidad no son los jueces, sino los propios partidos los que a veces, no siempre, excluyen de sus listas a imputados, no tanto pienso yo por dar ejemplo interno de seriedad democrática, como por intentar evitar que los potenciales electores puedan abandonar su sentido del voto o incluso por demostrar mayor capacidad de regeneración democrática que el opuesto; pero, sí, es cierto que la imputación influye. Debe influir, diría yo.

Sin duda algo tendrá que ver en esta opinión del señor González  la multitudinaria imputación de gran parte de la anterior administración socialista de Andalucía y que considera injusta y, en todo caso, de responsabilidad política y no penal. Y tampoco cree que ni tan siquiera exista la primera.

“Aquí todos están en el mismo saco”, dice en la entrevista, y explica que Manuel Chaves, por ejemplo, está recibiendo el mismo tratamiento que los acusados de haberse llevado dinero público siendo Chaves un político “honrado desde el punto de vista personal y humano”.

No puede sorprendernos este planteamiento pues todos los partidos políticos sin apenas excepción actúan en casos de imputación de sus dirigentes de forma similar. Ponen las manos en el fuego y arropan, aunque las más de las veces se vayan con algún que otro escalde. Son los otros los que sí pero son ellos los que no.

En efecto, y entrando ya en el fondo del asunto, pasa a veces que un imputado con consecuencias políticas en su carrera de servidor público en activo o en expectativa resulta luego limpio y desimputado y que esto ya no tiene vuelta atrás (Camps y sus trajes, por ejemplo) y que en esa frustración política subyace también una frustración personal, por cuanto que aquí la política es considerada un puesto de por vida, como el de funcionario anterior a la crisis. Y llegado aquí cabría considerar lo falso que resulta escuchar la teoría de que el servidor público lo es por su afán de servir, sin nada a cambio, o muy poco, y que el interés del ciudadano es realmente lo que importa y no el político, que está allí de paso para cumplir esa necesidad de servir al ciudadano.

Si es así, ¿qué problema hay con que una imputación promueva un relevo en ese servidor público? Que, además rara vez se queda “con una mando delante y otra detrás”. Si algo he aprendido en mi vida profesional es que, siendo importantes, no somos imprescindibles. Cuando alguien es imputado, efectivamente no implica condena a priori y a veces no llega a ser condenado por la improcedencia de esa imputación, pero no es menos cierto que siempre hay indicios suficientes para hacerlo, y que la desimputación llega de la mano de la imposibilidad de probar la implicación penal. A veces por considerarse improcedente una prueba obtenida sin tutela judicial, como una grabación, o un correo electrónico.  Piénsese que medios para su defensa tienen los políticos más que el ciudadano común, y por si hubiese dudas, fíjese en las tasas de la justicia…Vaya una cosa por la otra. Muchas veces el sobreseimiento no implica inocencia, y todos los saben. Por otro lado, el PP parece estar de acuerdo con Felipe González y va a cambiar la situación de imputado con la de “investigado” precisamente para garantizar los derechos de los imputados-investigados.

 Es improbable que los jueces puedan ser considerados mayormente funcionarios al servicio de los elaboradores de listas electorales. En todo caso, el PSOE y el PP tienen mucha responsabilidad en la politización de los órganos de gobierno de los jueces. No es una aberración que un político imputado o investigado dimita, por muy inocente que luego resulte ser. La dimisión es un ejercicio sumamente democrático y muy saludable. En España los nuestros se resisten y se aferran a las sillas con ahínco. En otros lugares de nuestro entorno dimiten por el simple hecho de haber sido cazados en una mentirijilla. En otros entornos no tan próximos, se resisten con tanques y cárceles. No es nuestro caso.

En otro momento de la entrevista el entrevistado dice que es la condena firme el momento “legal” de exclusión y /o expulsión del partido. No creo que se deba llegar a este punto del proceso judicial con un político lastrado por la duda razonable. La responsabilidad política tiene que ser exigente y rápida. No por el bien del partido sólo, sino por el bien también del ciudadano. Y esto para los imputados e investigados.

Peridis en El País- Opinión- Viñetas - 16/03/15


Publicado por minglanillaweb @ 19:36
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